No hay expediente sobre la construcción de San Mamés, aunque se confirma la investigación al Athletic por no ser S.A

Almunia desmiente al ministro Margallo y niega la apertura de un expediente sobre la construcción del nuevo campo, aunque confirma la investigación al club rojiblanco por no ser sociedad anónima


La amenaza de expediente al nuevo estadio San Mamés, destapada el lunes por el ministro de exteriores, José Manuel García Margallo, no se ha cumplido. Le desmintió ayer el comisario de competencia, Joaquín Almunia, que aunque no aclaró si efectivamente existe o ha existido una investigación en torno a las supuestas ayudas ilegales en la creación de la sociedad San Mamés Barria y la construcción del campo, sí fue tajante al afirmar que "no hay caso San Mamés". Lo hizo al inicio de su comparecencia para después, en el turno de preguntas, responder con evasivas a si existen quejas sobre su mesa en este asunto. "No tengo en este momento necesidad de responder a esa pregunta", contestó.
Hasta en tres ocasiones se le preguntó si efectivamente existe una investigación preliminar, paso previo a la apertura de un expediente de infracción, y en ninguna fue tajante. "No excluimos nunca no investigar alguna posible no compatibilidad de ayuda de estado pero eso no quiere decir que anunciemos expedientes ante todas las posibilidades que tenemos abiertas para analizar en el futuro cualquier caso que nos llegue, del que tengamos conocimiento, que nos sea notificado o del cual recibamos una queja", se escudó para añadir después que si hubiese que mirar alguna vez "algún caso de ayudas de estado lo miraríamos a pesar de mi afición al fútbol y mi apoyo al Athletic de Bilbao", dijo.

Fue la única novedad durante la presentación del procedimiento oficial contra los siete clubes de fútbol -Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Hércules y Elche- de la Liga española. El resto de la información avanzada por el titular de exteriores español fue confirmada desde el primer punto hasta el último. Es decir, procedimiento contra cuatro clubes -Barça, Real Madrid, Athletic y Osasuna- por los posibles privilegios fiscales de los que se habrían beneficiado al disfrutar "de un tipo impositivo preferente del 25% en lugar del 30% aplicable a las sociedades anónimas deportivas".

Y, al contrario que en caso inexistente de San Mamés, el expediente contra el Real Madrid por el pelotazo de la permuta de terrenos de la ciudad deportiva de Valdevebas, que "se basó en una nueva tasación de un terreno por un valor de 22,7 millones de euros" cuando el valor de la tasación anterior "realizada en 1998 era de 595.000 euros". Y también contra los tres clubes de la Comunidad Valenciana para examinar si los avales concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas, de 86 millones al Valencia, 18 millones al Hércules y 14 millones al Elche, cumplieron las normas sobre ayudas de Estado en un momento en el que los clubes atravesaban aparentemente por dificultades financieras. "Todas estas medidas se financiaron mediante recursos del Estado y confieren ventajas a determinados clubes que realizan actividades económicas en el mercado interior", recordó la Comisión en un comunicado que cuestiona a los tres equipos valencianos. Es el que más dudas suscita en Bruselas, especialmente porque España no ha presentado ningún plan de reestructuración que demuestre cómo estos tres clubes podrían volver a ser rentables tras semejante inyección.


Mensaje a Margallo
Aunque el grueso de la información destapada por Margallo se cumplió, Almunia no desaprovechó la ocasión de devolverle el golpe al ministro. "Lo que hay que pedir a los responsables públicos es que si basan sus argumentos en filtraciones se aseguren de que la fuente de la filtración es buena", ironizó sin entrar a aclarar por qué desde su gabinete no zanjaron la polémica sobre San Mamés desmintiendo el dato incorrecto. En todo caso, no fue el único dardo cargado de malestar que lanzó ayer el comisario. Especialmente duras fueron las palabras dirigidas a la defensora del pueblo europeo, Emily O'Reilly, quien el pasado martes le acusó de retrasar la apertura de un procedimiento de infracción contra clubes españoles y de hacerlo por un posible conflicto de interés, en alusión a su condición de hincha del Athletic.
"No se si responder a ese tipo de reacciones de unos y otros con sonrisa o escribiendo una carta en términos más serios. Ese tipo de comentarios no me parecen serios", advirtió. "Se puede discrepar de lo que hace la Comisión o un comisario pero no hacer juicios de intención totalmente infundados. He demostrado que no estoy sujeto a conflictos de interés cuando se trata de decidir las reglas de ayudas de Estado", añadió. En relación a la acusación de haber prolongado la investigación durante cuatro años, aseguró que analizan "sin prisa pero sin pausa", mientras se negó a cuantificar el montante de las posibles ayudas.
Lo que sugieren las palabras de Almunia es que sí ha existido una investigación sobre el nuevo campo del Athletic, como ya confirmaron tanto Diputación como Gobierno vasco (socios de San Mames Barria) al asegurar que habían ido enviando durante los últimos años la información que se les había requerido desde Bruselas. Y no quiso desvelar qué opciones tienen los cuatro clubes, entre ellos la entidad vasca, por beneficiarse de un régimen fiscal que consideran más favorable que el del resto de clubes. "No voy a valorar si esto puede suponer la conversión obligatoria", respondió. Tampoco aclaró si es el primero paso para la reestructuración e incluso liquidación de alguno de los equipos valencianos ni si habrá también procedimiento formal sobre las deudas de muchos clubes con Hacienda y la Seguridad Social.

A partir de ahora, Bruselas remitirá el expediente tanto al Gobierno español como a las partes interesadas, que tendrán un mes para remitir sus observaciones. A partir de aquí no hay ningún plazo legal para concluir la investigación que, según las reglas de la Comisión Europea, dependerá de factores como la complejidad del caso, la calidad de la información remitida y el nivel de cooperación del Estado miembro involucrado. Solo en caso de fallar en contra, como en el expediente de los astilleros, la Comisión Europea puede urgir a España a recuperar la ayuda considerada ilegal.